Los conceptos de participación y descentralización mirados desde el caso boliviano / Luis Verdesoto Custode [Texto]

Por: Verdesoto Custode, LuisTipo de material: ArtículoArtículoIdioma: Español Descripción: pp. 109-142Tema(s): PARTICIPACION SOCIAL | CIUDADANIA | DESCENTRALIZACION | GOBERNABILIDAD | REFORMA DEL ESTADO | DEMOCRATIZACION | GLOBALIZACION | REFORMA ECONOMICA | ANALISIS DE IMPACTO | BOLIVIA | AMERICA LATINA | ADMINISTRACION PUBLICA En: Centro latinoamericano de Administración para el Desarrollo Reforma y democraciaResumen: Se examinan los aspectos conceptuales y prácticos de los procesos de participación ciudadana y de descentralización en la región latinoamericana, haciendo especial referencia al caso de Bolivia. Se consideran las implicaciones de dichos procesos en lo que respecta a la gobernabilidad, en el contexto de la reforma del Estado, la democratización, la globalización y la modernización de la economía. La participación ciudadana se plantea como una política pública que debe alcanzar a toda la sociedad y no sólo a los actores más relevantes o a proyectos específicos. La participación debe viabilizar las demandas sociales, para generar consensos orientados a diseñar y ejecutar soluciones y asumir responsabilidades. La participación debe concretarse en una forma de ciudadanía colectiva que despliega derechos reivindicados desde la pertenencia territorial, y que exige la garantía de los mismos por parte del Estado. La participación, al extenderse a toda la sociedad, aparece como una forma de potenciar el desarrollo social. En el caso de Bolivia, la institucionalización de la participación, marca tanto su alcance como sus limitaciones. La Ley de Participación Popular articula las comunidades, destaca la importancia del nivel municipal y abre nuevas perspectivas para la implementación de la descentralización, de la que la participación es complementaria. La sostenibilidad del proceso de participación depende de la apropiación del mismo por los beneficiarios. La descentralización no sólo debe ser vista como un fortalecimiento de los niveles municipales de gobierno, ni como la posibilidad de una distribución más generosa de los recursos. Ella implica un cambio en todos los niveles de gobierno, con una transferencia progresiva de competencias y de los recursos correspondientes, sobre todo en áreas de tanta trascendencia como la educación, salud y saneamiento ambiental, respetando las peculiaridades étnicas, culturales y sociales. La descentralización implica una redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad, tanto como entre Estado y mercado, en el marco de la democratización y la modernización de la economía. La descentralización puede dar mayor legitimidad al Estado, y por esa vía contribuir con el mejoramiento de la gobernabilidad. Esta, en un proceso de descentralización se basa en un desarrollo del concepto de ciudadanía en los sentidos nacional y local, como forma de dar sentido a la democracia. Los componentes básicos de la estrategia boliviana de descentralización han sido la participación, la municipalización, y el sistema fiscal. Se trata de descomprimir las dependencias regionales, sin desatar todas sus capacidades y sus autonomías. Los desafíos que se presentan al proceso incluyen la evaluación de la eficacia de la lucha contra la pobreza, de las políticas dirigidas a disminuir las grandes disparidades regionales y sectoriales, y al fortalecimiento de la autoridad pública, a efectos de llevar a cabo una adecuada gestión de gobierno en beneficio de todos los ciudadanos.
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Se examinan los aspectos conceptuales y prácticos de los procesos de participación ciudadana y de descentralización en la región latinoamericana, haciendo especial referencia al caso de Bolivia. Se consideran las implicaciones de dichos procesos en lo que respecta a la gobernabilidad, en el contexto de la reforma del Estado, la democratización, la globalización y la modernización de la economía. La participación ciudadana se plantea como una política pública que debe alcanzar a toda la sociedad y no sólo a los actores más relevantes o a proyectos específicos. La participación debe viabilizar las demandas sociales, para generar consensos orientados a diseñar y ejecutar soluciones y asumir responsabilidades. La participación debe concretarse en una forma de ciudadanía colectiva que despliega derechos reivindicados desde la pertenencia territorial, y que exige la garantía de los mismos por parte del Estado. La participación, al extenderse a toda la sociedad, aparece como una forma de potenciar el desarrollo social. En el caso de Bolivia, la institucionalización de la participación, marca tanto su alcance como sus limitaciones. La Ley de Participación Popular articula las comunidades, destaca la importancia del nivel municipal y abre nuevas perspectivas para la implementación de la descentralización, de la que la participación es complementaria. La sostenibilidad del proceso de participación depende de la apropiación del mismo por los beneficiarios. La descentralización no sólo debe ser vista como un fortalecimiento de los niveles municipales de gobierno, ni como la posibilidad de una distribución más generosa de los recursos. Ella implica un cambio en todos los niveles de gobierno, con una transferencia progresiva de competencias y de los recursos correspondientes, sobre todo en áreas de tanta trascendencia como la educación, salud y saneamiento ambiental, respetando las peculiaridades étnicas, culturales y sociales. La descentralización implica una redefinición de las relaciones entre Estado y sociedad, tanto como entre Estado y mercado, en el marco de la democratización y la modernización de la economía. La descentralización puede dar mayor legitimidad al Estado, y por esa vía contribuir con el mejoramiento de la gobernabilidad. Esta, en un proceso de descentralización se basa en un desarrollo del concepto de ciudadanía en los sentidos nacional y local, como forma de dar sentido a la democracia. Los componentes básicos de la estrategia boliviana de descentralización han sido la participación, la municipalización, y el sistema fiscal. Se trata de descomprimir las dependencias regionales, sin desatar todas sus capacidades y sus autonomías. Los desafíos que se presentan al proceso incluyen la evaluación de la eficacia de la lucha contra la pobreza, de las políticas dirigidas a disminuir las grandes disparidades regionales y sectoriales, y al fortalecimiento de la autoridad pública, a efectos de llevar a cabo una adecuada gestión de gobierno en beneficio de todos los ciudadanos.

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