incl. ref.

La crisis de 2008 puso, una vez más, a los gobiernos en el centro de las iniciativas para intentar recuperar y mantener los niveles de actividad económica. En este contexto, cobra nuevamente vigor una pregunta que acompañó tanto a académicos como a tomadores de decisión desde la creación de las instituciones económicas internacionales del Siglo XX y, en particular, desde el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994: ¿con qué margen de acción cuentan los gobiernos para implementar aquellas políticas que consideran más adecuadas
para transitar el camino del desarrollo económico? Las compras públicas parecen ser uno de los pocos ámbitos donde este “espacio de política pública” permaneció intacto luego de la adopción del paquete normativo que resultó de la Ronda Uruguay. Sin embargo, la creciente tendencia a incluir disciplinas que regulen esta materia en los acuerdos de preferencias comerciales torna urgente un análisis sobre la potencialidad que reviste el poder de compra del Estado con fines distintos de la simple adquisición de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento, esto es, como política industrial, política comercial y política de estímulo a la innovación tecnológica. Más aun, hace necesario indagar cuál fue el margen de acción disponible en esta materia para aquellos países que ya han suscripto obligaciones internacionales, ya sea como resultado de su adhesión al acuerdo plurilateral de la OMC, o en virtud de acuerdos de preferencias comerciales que contengan capítulos de compras públicas. El presente trabajo pretende brindar algunos
elementos de análisis para responder estos interrogantes.
A tal fin, el trabajo comienza por brindar una contextualización general del tema, definiendo las obligaciones internacionales en materia de compras públicas a nivel plurilateral, regional y bilateral de cada uno de los países usuarios de esta herramienta, a nivel global y, en particular, en América Latina. En segundo lugar, brinda un panorama general del compre nacional en América Latina, comparando los principales instrumentos normativos en los que se expresa dicho espacio de política en quince economías de la Región, con especial referencia a las dos principales (Brasil
y México). Este cruce de información permitirá extraer algunas conclusiones acerca de si las obligaciones internacionales que típicamente se están negociando en la materia restringen o no –y, de hacerlo, en qué medida-, la potencialidad de esta herramienta de política pública.